Imputaron por tenencia ilegal de un arma al detenido en el caso Pullaro

Pablo Américo Pinedo, detenido en Ceres tras una denuncia sobre un supuesto plan para atentar contra el gobernador de Santa Fe, fue imputado por tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil. La audiencia se realizó en los tribunales de San Cristóbal y la Justicia debe definir ahora su situación procesal y las eventuales medidas cautelares.

Pablo Américo Pinedo, de 67 años, quedó imputado por tenencia ilegal de un arma en una causa que se inició después de una denuncia anónima sobre un presunto plan para atentar contra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. La acusación fue formulada por el fiscal de Ceres, Emiliano Odriozola.

La audiencia se desarrolló en los tribunales de San Cristóbal ante la jueza Cecilia Alamo. Pinedo fue representado por el abogado Carlos Farías Demalde. Según la información publicada por El Ciudadano, el imputado permanecerá privado de la libertad al menos hasta la jornada siguiente, cuando se resolverá su situación procesal y la posible imposición de medidas cautelares.

Qué arma fue secuestrada durante el allanamiento

La detención se concretó el 31 de octubre, durante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Matheu, entre Santiago del Estero y Pasaje Público, en la ciudad de Ceres.

Durante el procedimiento, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) secuestraron un revólver marca Dos Leones calibre 32. El arma tenía cuatro cartuchos intactos en el tambor y, de acuerdo con la información de la causa citada por la fuente, se encontraba en condiciones operativas de disparo.

Ese hallazgo derivó en la apertura inmediata de una investigación penal por la tenencia ilegítima del arma. La imputación conocida hasta ahora se refiere a ese delito; la información disponible no acredita que Pinedo haya ejecutado un ataque ni que exista una resolución judicial que confirme un plan contra el gobernador.

Cómo comenzó la investigación en Ceres

La intervención policial se produjo después de una llamada anónima recibida en la central de emergencias 911. La comunicación advertía sobre una supuesta trama destinada a atentar contra Pullaro.

Con los datos disponibles, la denuncia constituye el punto de partida de la actuación policial y judicial. No se informaron en la fuente detalles sobre la identidad de quien realizó la llamada, el contenido completo de la advertencia ni otros elementos que permitan establecer el alcance de la presunta amenaza.

Qué debe resolver ahora la Justicia

La audiencia de imputación permitió formalizar la acusación por la tenencia del arma, pero no definió por sí sola el resultado del proceso. El paso siguiente consiste en resolver la situación procesal de Pinedo y determinar si corresponde aplicar medidas cautelares.

La información suministrada no precisa qué medida solicitó la Fiscalía, durante cuánto tiempo podría extenderse ni cuál fue la decisión final de la jueza Cecilia Alamo. Por ese motivo, no es posible afirmar que la prisión preventiva haya sido confirmada ni anticipar el curso de la causa.

La diferencia entre la imputación y una condena

Una imputación es la atribución formal de un hecho investigado por parte de la Fiscalía. No equivale a una condena ni demuestra por sí misma la responsabilidad penal de la persona acusada.

En este expediente, el hecho atribuido formalmente es la tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil. La investigación deberá establecer las circunstancias del hallazgo y los demás elementos que eventualmente vinculen ese secuestro con la denuncia sobre un supuesto atentado.

Qué antecedentes menciona la información publicada

La fuente también recuerda que Pinedo estuvo procesado, siete años antes, en una investigación por la desaparición del menor Maximiliano Sosa, visto por última vez en 2015 en Ceres.

Según el mismo reporte, aquella resolución no fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, lo que derivó en la desvinculación formal de Pinedo de ese expediente. Ese antecedente no reemplaza la prueba que deba analizarse en la causa actual y corresponde diferenciarlo de la nueva imputación por tenencia de arma.

Qué datos siguen pendientes en el expediente

La información disponible no incluye la resolución posterior a la audiencia, la eventual medida cautelar adoptada, el plazo de investigación ni precisiones sobre la denuncia que originó el allanamiento. Tampoco informa si se formularon otras imputaciones vinculadas con el supuesto plan contra el gobernador.

Hasta que esos puntos sean comunicados por las autoridades judiciales, el dato confirmado es la imputación por tenencia ilegítima de un revólver calibre 32 y el secuestro del arma durante un procedimiento realizado en Ceres. La existencia y el alcance del supuesto plan magnicida permanecen sujetos a investigación.