Justicia juvenil: entregaron certificados de una diplomatura porteña

La formación en justicia juvenil sumó una nueva cohorte graduada con la entrega de certificados de la Diplomatura en Justicia Juvenil: situación, tendencias y retos desde una mirada restaurativa. El acto se realizó el miércoles 26 de agosto en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reunió a autoridades judiciales, docentes, tutores, especialistas y estudiantes de distintas jurisdicciones.

La formación en justicia juvenil ocupó el centro de una jornada institucional que marcó el cierre académico de la cuarta cohorte de la diplomatura desarrollada durante 2025. La propuesta busca brindar herramientas específicas para quienes intervienen, de manera directa o indirecta, en procesos vinculados con adolescentes en conflicto con la ley penal, con una mirada basada en los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Si te interesa profundizar desde otra mirada de la red, en DF Urgente podés ver Nuevo régimen penal juvenil: cómo impactará.

Para ampliar el marco general del tema, conviene revisar también esta formación en justicia juvenil como referencia de contexto.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña y combinó reconocimientos académicos, exposiciones institucionales y testimonios de estudiantes. Además de celebrar la finalización de una etapa de capacitación, la actividad permitió repasar el crecimiento de una iniciativa que amplió progresivamente su alcance hacia otras provincias argentinas y países de la región.

La ceremonia también estuvo atravesada por un cambio en la conducción académica del Centro de Formación Judicial. Durante el acto, la jueza del Tribunal Superior de Justicia Marcela De Langhe anunció su renuncia a la presidencia del Consejo Académico, cargo que ocupó durante seis años.

La cuarta cohorte completó una capacitación especializada en justicia juvenil

La diplomatura fue organizada en conjunto por el Centro de Formación Judicial de la Ciudad, el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), la Secretaría de Infancias y Adolescencias de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad y el Ministerio Público Tutelar porteño.

El programa se orienta a operadores judiciales, integrantes de organismos especializados, profesionales, docentes y personas que desarrollan tareas relacionadas con el sistema de justicia penal juvenil. Su eje combina el análisis de la situación actual, las tendencias regionales y los desafíos que plantea una respuesta estatal compatible con los derechos fundamentales.

En 2024, la Legislatura de la Ciudad declaró a la propuesta de interés educativo y jurídico. Ese reconocimiento institucional acompañó la consolidación de un espacio que pretende superar una mirada exclusivamente punitiva y promover intervenciones más adecuadas a las características de la adolescencia.

La entrega de certificados acredita el cumplimiento de las exigencias académicas de la cuarta edición. Según se informó durante la actividad, la experiencia tendrá continuidad en 2026 mediante una quinta cohorte, actualmente en desarrollo.

Una propuesta que incorporó perspectiva restaurativa e interdisciplinaria

Uno de los aspectos destacados durante el acto fue la necesidad de sostener una capacitación específica para abordar la justicia juvenil. La especialidad requiere conocimientos jurídicos, pero también aportes provenientes de disciplinas vinculadas con las infancias, la educación, la salud mental, el trabajo social y las políticas públicas.

La perspectiva restaurativa procura que los conflictos y los daños producidos por un delito sean analizados de manera amplia. Esto implica considerar a la persona adolescente involucrada, a la víctima, a las familias y a la comunidad, sin desconocer la responsabilidad correspondiente ni las garantías del debido proceso.

En ese marco, la capacitación puede contribuir a que quienes trabajan en el sistema comprendan mejor las particularidades de cada caso. La edad, el entorno familiar, las trayectorias educativas, las condiciones sociales y las posibilidades de reintegración son factores que pueden influir en la intervención institucional y en el resultado de las medidas adoptadas.

El enfoque interdisciplinario también permite evitar respuestas uniformes frente a situaciones diferentes. Una política de justicia juvenil necesita reglas claras y criterios jurídicos sólidos, pero además requiere coordinación entre tribunales, ministerios públicos, organismos tutelares, servicios sociales y espacios educativos.

Instituciones judiciales y organismos regionales reforzaron su trabajo conjunto

La ceremonia contó con la participación de representantes de varias instituciones vinculadas con el sistema judicial porteño y con la prevención del delito. En el panel de apertura estuvieron Marcela De Langhe; Javier Buján, presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas; Raúl Alfonsín, asesor general tutelar adjunto; Romina Furió, titular de la Secretaría de Infancias y Adolescencias de esa Cámara; y Douglas Durán Chavarría, director de ILANUD, quien participó a través de Zoom.

La presencia de ILANUD aportó una dimensión latinoamericana a la actividad. El organismo trabaja sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, y su participación permite vincular la experiencia porteña con debates regionales sobre sistemas de responsabilidad penal adolescente, medidas alternativas y reinserción social.

También participaron Adriana Lander, directora de la diplomatura, de manera virtual; Marcela Gudiño, coordinadora; y Patricia Mazzeo, tutora de la cuarta cohorte. Sus intervenciones pusieron en valor el acompañamiento pedagógico y la construcción de conocimientos entre docentes y cursantes.

La articulación entre organismos es relevante porque la justicia juvenil no depende de una sola oficina. Las decisiones judiciales necesitan apoyarse en información producida por equipos especializados y, al mismo tiempo, deben coordinarse con políticas destinadas a garantizar educación, salud, protección familiar y oportunidades de inclusión.

Los estudiantes compartieron experiencias con alcance federal e iberoamericano

Una parte central de la jornada estuvo dedicada a las voces de los estudiantes. Quienes cursaron la cuarta edición compartieron aprendizajes y reflexiones sobre el recorrido académico, mientras que otros participantes extranjeros intervinieron en forma virtual.

La participación de personas provenientes de distintas jurisdicciones argentinas y de otros países de la región muestra que el programa dejó de ser una iniciativa circunscripta al ámbito porteño. El intercambio permite comparar marcos normativos, prácticas institucionales y dificultades comunes, aunque cada sistema conserve sus particularidades.

Para los profesionales que trabajan en tribunales, defensorías, asesorías tutelares, ministerios públicos u organismos administrativos, estos espacios pueden resultar útiles para identificar experiencias aplicables a sus propios territorios. También ofrecen la posibilidad de discutir problemas cotidianos que no siempre encuentran una respuesta suficiente en la formación jurídica tradicional.

La dimensión regional adquiere importancia frente a fenómenos que atraviesan distintas fronteras, como la desigualdad social, la interrupción de trayectorias educativas, la violencia familiar y la dificultad de acceso a servicios de protección. Analizar esas realidades sin generalizaciones permite diseñar intervenciones más ajustadas y respetuosas.

Qué aporta una mirada restaurativa a las decisiones institucionales

La justicia restaurativa no debe confundirse con la ausencia de consecuencias frente a una infracción. Su propósito es ampliar el análisis del conflicto, reconocer los daños ocasionados y promover respuestas que contemplen la reparación, la responsabilidad y la reintegración, siempre dentro de las garantías legales.

En el caso de adolescentes, esta perspectiva adquiere características particulares. Las intervenciones deben reconocer que se trata de personas en proceso de desarrollo y que las medidas adoptadas pueden influir en su trayectoria educativa, familiar y social. Por eso, una respuesta adecuada necesita ser proporcional, fundada y revisada de acuerdo con la evolución de cada situación.

La especialización también ayuda a diferenciar las funciones de los distintos actores. Los jueces deben resolver conforme al marco legal; los ministerios públicos tienen responsabilidades específicas; los equipos técnicos aportan evaluaciones; y los organismos de protección deben intervenir cuando existen vulneraciones de derechos. La cooperación evita que una institución cargue por sí sola con problemas que requieren una respuesta integral.

Desde esta perspectiva, las diplomaturas y programas de actualización pueden aportar un lenguaje común entre profesionales. Esa base compartida facilita la comunicación, mejora la evaluación de alternativas y contribuye a que las medidas no se definan únicamente a partir de la urgencia del expediente.

El acto también marcó un cambio en el Centro de Formación Judicial

Además de la entrega de certificados, la jornada tuvo un significado especial para el Centro de Formación Judicial. Marcela De Langhe comunicó su renuncia a la presidencia del Consejo Académico, luego de seis años de gestión, y agradeció a las personas que la acompañaron junto con el equipo de la institución.

Javier Buján y Raúl Alfonsín reconocieron el trabajo realizado durante ese período y señalaron el crecimiento alcanzado por el Centro. También remarcaron el desafío que tendrá quien asuma la conducción para dar continuidad a las políticas de capacitación y profundizar el desarrollo institucional.

El recambio abre una etapa de continuidad y evaluación. Los programas de formación judicial necesitan sostenerse en el tiempo para que los conocimientos adquiridos no queden limitados a una cohorte o a un grupo de especialistas. La permanencia de la diplomatura durante 2026 indica que existe una decisión de mantener ese eje de trabajo.

En instituciones que intervienen sobre derechos de niñas, niños y adolescentes, la capacitación permanente es especialmente relevante. Los cambios normativos, las nuevas modalidades de conflicto y las demandas sociales requieren actualizar criterios, revisar prácticas y fortalecer la coordinación entre áreas.

La continuidad en 2026 permitirá medir el alcance de la formación

La quinta edición de la diplomatura, que se encuentra en desarrollo durante 2026, podrá ampliar el intercambio iniciado por las cohortes anteriores. La continuidad también permitirá observar cómo se incorporan los contenidos restaurativos en los espacios de trabajo de quienes participaron y qué desafíos aparecen al trasladar la formación al ámbito cotidiano.

El valor de estas propuestas no se mide únicamente por la cantidad de certificados entregados. También depende de su capacidad para mejorar la calidad de las intervenciones, promover criterios comunes y generar redes profesionales entre jurisdicciones. En ese sentido, el contacto entre estudiantes, tutores y especialistas puede ser tan importante como el contenido formal de las clases.

La experiencia acumulada desde la primera edición ofrece una base para fortalecer el programa. La participación federal e iberoamericana, la colaboración con organismos especializados y la presencia de distintos perfiles profesionales pueden enriquecer las próximas ediciones, siempre que se mantenga el foco en los derechos y en las necesidades concretas de adolescentes y comunidades.

La información institucional sobre el acto y la entrega de certificados fue publicada originalmente por el Centro de Formación Judicial.

La formación en justicia juvenil mejora la visibilidad de una agenda pública especializada

Para organismos judiciales, universidades, entidades profesionales y organizaciones sociales, la continuidad de esta diplomatura también facilita que exista información pública sobre un campo que suele quedar restringido a especialistas. La difusión de sus actividades permite identificar instituciones responsables, líneas de trabajo y espacios de capacitación disponibles para quienes necesitan actualizar sus conocimientos.

En términos de comunicación institucional, explicar con claridad quién organiza una propuesta, a quién está dirigida y qué enfoque aplica ayuda a que profesionales y familias encuentren información confiable. En temas vinculados con adolescentes y justicia, la precisión resulta indispensable: una descripción incompleta puede generar interpretaciones equivocadas sobre el alcance de las medidas, los derechos involucrados o las responsabilidades de cada organismo.

Para quienes buscan capacitación, el dato más concreto es que la diplomatura continuará durante 2026 con una quinta edición. La disponibilidad de nuevas cohortes deberá consultarse en los canales oficiales de las instituciones organizadoras, ya que allí se publican condiciones, cronogramas y requisitos que no fueron detallados en el anuncio del acto.

La entrega de certificados de la cuarta cohorte representa, así, el reconocimiento de un ciclo académico y la continuidad de una política de formación especializada. El desafío será sostener el intercambio entre instituciones y convertir los conocimientos desarrollados en prácticas cada vez más respetuosas, coordinadas y adecuadas para la justicia juvenil.