Falsas denuncias de género: una investigación uruguaya llegó a la Justicia porteña

Las falsas denuncias de género fueron el eje de una jornada organizada por el Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se presentó una investigación realizada en Uruguay. El trabajo sostiene, a partir de la evidencia relevada, que la idea de que este tipo de denuncias son numerosas no se corresponde con los resultados del estudio y que su incidencia sería insignificante. La actividad reunió a representantes de la Justicia porteña, del Ministerio Público Fiscal y de la Universidad CLAEH.

Las falsas denuncias de género fueron analizadas en una actividad académica y judicial realizada el jueves 20 de agosto en el Centro de Formación Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante el encuentro se presentó la “Primera investigación sobre falsas denuncias en Uruguay”, un trabajo elaborado en ese país que ahora será tomado como referencia para profundizar el análisis en el ámbito porteño.

Para ampliar el marco general del tema, conviene revisar también esta falsas denuncias de género como referencia de contexto.

La exposición estuvo a cargo de Teresa Herrera Sormano, coordinadora de la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad CLAEH. El panel contó con la participación de Carla Cavaliere, presidenta de la Sala II de la Cámara de Casación y Apelaciones del Fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, y Genoveva Cardinali, fiscal a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de la Unidad Fiscal Este del Ministerio Público Fiscal porteño.

La jornada fue presentada y moderada por Aluminé Moreno, coordinadora del Observatorio de Género en la Justicia. Según se explicó durante la actividad, el objetivo fue poner en diálogo los resultados de una investigación académica con la experiencia cotidiana de quienes intervienen en expedientes vinculados con violencia de género.

Qué plantea la investigación uruguaya sobre las falsas denuncias de género

La principal conclusión expuesta durante la presentación es que la percepción social sobre la cantidad de falsas denuncias de género no coincide con la evidencia obtenida por el estudio realizado en Uruguay. Teresa Herrera Sormano afirmó que la creencia de que estos casos son numerosos constituye un mito y que, de acuerdo con los datos analizados, su presencia es realmente insignificante.

La formulación no busca desconocer que pueden existir denuncias que no logren ser acreditadas o investigaciones que finalicen sin una condena. Esas situaciones, por sí solas, no permiten afirmar que una acusación haya sido inventada deliberadamente. La distinción resulta relevante porque un expediente archivado, una absolución o la falta de pruebas suficientes no equivalen automáticamente a una denuncia falsa.

La presentación puso el foco, precisamente, en la necesidad de estudiar el fenómeno con criterios verificables. En asuntos relacionados con violencia de género, las interpretaciones apresuradas pueden afectar tanto a las personas denunciantes como a quienes son sometidos a una investigación. Por esa razón, la discusión requiere diferenciar conceptos jurídicos, resultados procesales y percepciones instaladas en el debate público.

Por qué la Justicia porteña llevó el debate al ámbito académico

La participación del Observatorio de Género en la Justicia permitió que el trabajo uruguayo fuera examinado desde una perspectiva institucional y profesional. Aluminé Moreno destacó el interés de presentar investigaciones de este tipo y de convocar a operadoras de la Justicia de la Ciudad para intercambiar miradas con la academia.

Ese vínculo resulta especialmente importante en temas donde circulan afirmaciones generales difíciles de comprobar. La generación de evidencia puede contribuir a ordenar la discusión, identificar la magnitud real de un problema y evitar que casos aislados sean utilizados para describir la totalidad de las denuncias por violencia de género.

La actividad también mostró que el análisis no queda limitado a una sola disciplina. La investigación social aporta herramientas para relevar y comparar información; el Ministerio Público Fiscal trabaja sobre la investigación de hechos concretos; y los tribunales deben valorar pruebas y resolver conforme a las reglas del proceso. El intercambio entre esos ámbitos puede mejorar la calidad de las decisiones y de las políticas institucionales.

El valor de separar una denuncia no probada de una acusación inventada

En cualquier sistema de justicia, una denuncia puede no avanzar por múltiples motivos: ausencia de elementos suficientes, dificultades para reunir pruebas, inconsistencias que deben ser evaluadas o decisiones procesales que no implican establecer que el hecho nunca ocurrió. Llamar “falsa” a una denuncia exige un estándar distinto y una comprobación específica de que el relato fue creado o utilizado de manera deliberadamente engañosa.

Esta diferencia tiene efectos concretos. Si todas las denuncias que no terminan en una condena fueran consideradas falsas, se produciría una distorsión estadística y jurídica. También podría reforzarse el temor de quienes necesitan acudir a una institución, especialmente en situaciones donde existen dependencias económicas, familiares o emocionales.

La investigación presentada en Buenos Aires se inscribe en esa discusión conceptual. Aunque la fuente de la actividad no detalla la metodología completa ni el universo de casos analizado, sus organizadores remarcaron que las conclusiones se apoyan en evidencia empírica y que el estudio será replicado en la Ciudad para evaluar el fenómeno dentro del contexto local.

Quiénes participaron de la presentación en Buenos Aires

La composición del panel combinó experiencia judicial, fiscal y académica. Carla Cavaliere señaló que era necesario abordar una problemática actual como la de las falsas denuncias y revisar el papel de las mujeres en este tipo de circunstancias. También sostuvo que el tema requiere estudios, investigación y profundización, con especial atención a los datos producidos por los organismos judiciales y fiscales.

Genoveva Cardinali participó desde la experiencia de una fiscalía especializada en violencia de género. La intervención de una representante del Ministerio Público Fiscal permitió incorporar la mirada de quienes reciben, investigan y tramitan denuncias dentro del sistema porteño, aunque la información difundida sobre la jornada no reproduce un detalle estadístico de esa fiscalía ni presenta cifras propias.

Teresa Herrera Sormano, en tanto, vinculó la investigación con la defensa de los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Su planteo fue que la evidencia científica puede servir para orientar políticas públicas y decisiones institucionales sin quedar subordinada a afirmaciones repetidas en el debate social.

El rol de Aluminé Moreno, como coordinadora del Observatorio de Género en la Justicia, fue articular la presentación del estudio con la participación de las operadoras judiciales de la Ciudad. La actividad, por lo tanto, no fue solamente una exposición académica: funcionó también como espacio de intercambio sobre prácticas, datos y criterios de interpretación.

La futura réplica del estudio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Uno de los anuncios centrales fue que la investigación realizada en Uruguay será replicada próximamente en la Ciudad de Buenos Aires. Esa etapa podría aportar información específica sobre el funcionamiento del sistema local y permitir comparaciones prudentes entre ambos contextos, siempre que se utilicen definiciones y procedimientos equivalentes.

Una réplica no consiste necesariamente en trasladar de forma automática una conclusión de un país a otro. Para que los resultados sean comparables, será necesario precisar qué se entiende por denuncia falsa, qué expedientes se incluyen, qué período se observa y qué decisiones procesales se toman como referencia. También será relevante distinguir entre denuncias desestimadas, investigaciones archivadas, casos sin pruebas suficientes y situaciones en las que se determine judicialmente una conducta fraudulenta.

El interés de esa futura investigación radica en que puede contribuir a contar con una base local para la discusión. La información producida por los juzgados, las fiscalías y los organismos especializados permitiría conocer mejor la dimensión del fenómeno en la Ciudad, sin extrapolar conclusiones más allá de lo que los datos permitan afirmar.

Qué consecuencias puede tener para denunciantes, familias y operadores judiciales

La forma en que se describe el problema tiene consecuencias para quienes participan de un proceso. Para las personas denunciantes, la repetición de la idea de que las falsas denuncias son frecuentes puede generar desconfianza, desalentar la búsqueda de asistencia y agregar una carga de sospecha antes de que los hechos sean investigados.

Para las personas denunciadas, en cambio, la existencia de una acusación también implica la necesidad de contar con garantías, defensa y una evaluación imparcial de las pruebas. Reconocer que las denuncias falsas serían poco frecuentes no elimina la obligación de investigar cada caso con seriedad ni habilita a presumir automáticamente la veracidad de cualquier relato. La respuesta institucional debe sostener ambos principios.

En ámbitos familiares, educativos, laborales y comunitarios, una lectura simplificada puede intensificar conflictos. Por eso, la información pública debería explicar qué resolvió efectivamente la Justicia, qué elementos fueron considerados y cuál fue el alcance de cada decisión. La precisión terminológica ayuda a evitar daños adicionales y a preservar la confianza en los mecanismos de protección y de debido proceso.

Falsas denuncias de género: qué cambia para la información pública y la visibilidad institucional

La presentación también tiene implicancias para la manera en que organismos judiciales, universidades y entidades especializadas comunican sus investigaciones. Cuando una institución publica datos sobre violencia de género, la claridad metodológica resulta tan importante como el resultado final: el público necesita conocer el período estudiado, el alcance de la muestra y el significado de las categorías utilizadas.

Para las organizaciones que brindan orientación, asesoramiento o atención a víctimas, contar con investigaciones verificables puede mejorar la explicación de los procedimientos y reducir interpretaciones basadas en rumores. Para estudios jurídicos, áreas de recursos humanos y empresas con protocolos internos, la información ayuda a diseñar respuestas que no confundan una denuncia con una condena ni una falta de acreditación con una falsedad comprobada.

En términos de visibilidad orgánica, los contenidos institucionales que expliquen con precisión estas diferencias pueden responder mejor a las consultas de ciudadanos, profesionales y periodistas. La utilidad no depende de repetir una afirmación contundente, sino de ofrecer contexto, fuentes identificables y un lenguaje responsable. En este caso, la referencia original puede consultarse en la publicación del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

La futura réplica en la Ciudad será un paso relevante para saber si las conclusiones observadas en Uruguay se mantienen bajo las condiciones del sistema porteño. Hasta que ese trabajo se conozca, la información disponible permite sostener una afirmación prudente: el debate sobre las falsas denuncias de género necesita evidencia, definiciones claras y análisis de cada caso, en lugar de generalizaciones.