Marcos Herrero irá a juicio por el caso Araceli Fulles en 2027

Marcos Darío Herrero, adiestrador de perros y exintegrante de la Policía de Río Negro, irá a juicio por su intervención en la investigación sobre el femicidio de Araceli Fulles. El Tribunal Oral Criminal Nº 6 de San Martín fijó el debate para el 20 y 21 de mayo de 2027, luego de que la Justicia cuestionara la validez de las pruebas de rastreo canino que aportó en ese expediente.

Por qué Marcos Herrero será juzgado por el caso Araceli Fulles

Herrero participó en la búsqueda de Araceli Fulles, una joven de 22 años que desapareció en San Martín el 2 de abril de 2017. Veinticinco días después, una bombera encontró el cuerpo en una vivienda de José León Suárez, oculto entre chapas y escombros. En ese lugar vivía Darío Badaracco, señalado como el principal acusado del crimen.

La investigación determinó que Fulles murió por asfixia mecánica mediante estrangulamiento a lazo, con un elemento compatible con precintos plásticos. Badaracco murió en abril de 2019, tras ser atacado por otros presos en la cárcel de Sierra Chica, antes de llegar a juicio.

La causa por la actuación de Herrero se originó en una resolución de la Sala I de la Cámara de Casación Penal bonaerense. En 2023, ese tribunal absolvió a Carlos Cassalz, Hugo Cabañas y Marcelo Escobedo, que habían sido condenados en el juicio realizado en 2021, y ordenó investigar al adiestrador.

Qué cuestionó la Cámara de Casación Penal bonaerense

El juicio por el asesinato de Fulles duró 53 días e incluyó la declaración de 300 testigos en 14 audiencias. En primera instancia también fueron absueltos Hernán Rodrigo Badaracco, Carlos Antonio Ibarra, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Emanuel Ávalos.

Casación sostuvo que las condenas se apoyaban en marcaciones atribuidas a los perros de Herrero y en indicios que no contaban con respaldo empírico suficiente. El tribunal integrado por Daniel Carral, Víctor Violini y Ricardo Maidana señaló que la investigación no había examinado los antecedentes del adiestrador ni la posibilidad de que algunos elementos hubieran sido colocados deliberadamente para simular hallazgos.

La resolución también cuestionó el método que Herrero presentaba como propio. Según el fallo, ese procedimiento no tenía sustento científico ni se encontraba encuadrado en estándares reconocidos de la disciplina. La Cámara ordenó que la Fiscalía General de San Martín iniciara una investigación, que quedó a cargo de la fiscal Verónica Pérez, de la Fiscalía Nº 8.

La acusación que llegará al juicio de 2027

La fiscalía sostuvo, al pedir la elevación a juicio, que la valoración de la prueba de rastreo canino en la causa original había sufrido vicios graves. El expediente deberá determinar si Herrero plantó evidencias o simuló hallazgos para respaldar las intervenciones de sus perros.

La acusación no equivale a una condena. El juicio deberá establecer qué hizo el adiestrador, qué pruebas existen sobre esas maniobras y cuál fue su incidencia en la investigación por el asesinato de Fulles. El debate está previsto para el 20 y 21 de mayo de 2027 ante el Tribunal Oral Criminal Nº 6 de San Martín.

La familia de Araceli cuestionó la absolución de los tres hombres que habían sido condenados. Mónica Ferreyra y Ricardo Fulles sostuvieron que la participación del perro Alcón permitió localizar la vivienda donde fue encontrado el cuerpo. Esa valoración familiar convive con la decisión de Casación, que consideró que las marcaciones atribuidas a Herrero no eran confiables ni regulares para sostener una condena penal.

Los antecedentes judiciales del adiestrador

El caso Araceli Fulles no es el único expediente en el que la Justicia cuestionó el trabajo de Herrero. En Mendoza recibió una condena de ocho meses de prisión en suspenso por falsa denuncia, falso testimonio, usurpación de títulos y encubrimiento simple, en la causa por la desaparición de Viviana Luna.

Según la información incorporada al expediente, en esa investigación simuló el hallazgo de restos óseos y notas con nombres. Pericias de ADN establecieron que un cráneo encontrado en Mendoza pertenecía al mismo individuo masculino que un maxilar que Herrero había localizado a más de 2.700 kilómetros, en Río Gallegos, Santa Cruz.

También fue condenado por su intervención en la investigación sobre Facundo Astudillo Castro, visto por última vez el 30 de abril de 2020. El cuerpo fue hallado el 15 de agosto de ese año en un cangrejal del estuario de Bahía Blanca. El Equipo Argentino de Antropología Forense determinó que la muerte se produjo por asfixia por sumersión, aunque no pudo establecer si se trató de un suicidio, un accidente o un homicidio.

Herrero intervino siete veces como perito de parte en ese expediente y afirmó que sus perros habían detectado el rastro de olor de Astudillo Castro en patrulleros de la Policía bonaerense y en un calabozo de Teniente Origone. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca concluyó que había plantado deliberadamente en una dependencia policial un amuleto con forma de sandía perteneciente al joven.

Por ese hecho fue condenado a siete años de prisión y a una inhabilitación absoluta de 14 años como autor de falso testimonio reiterado en siete oportunidades, agravado por haber sido cometido en una causa penal contra personas investigadas.

Qué deberá determinar el tribunal sobre las pruebas caninas

El juicio deberá diferenciar entre una búsqueda realizada con perros, una interpretación del comportamiento animal y una prueba que pueda ser incorporada de manera confiable a un proceso penal. La resolución de Casación puso el foco precisamente en la falta de respaldo empírico de las marcaciones atribuidas a Herrero.

También será relevante establecer cómo se documentaron los procedimientos, quiénes estuvieron presentes, qué controles se aplicaron y si los elementos encontrados podían vincularse de forma independiente con la víctima o con el lugar investigado. Esos aspectos permitirán evaluar si las pruebas fueron obtenidas de manera válida o si su incorporación desvió la investigación.

La importancia del caso para las investigaciones de personas desaparecidas

La causa expone un problema concreto para las investigaciones que recurren a especialistas externos: la información aportada por un adiestrador no puede reemplazar la verificación pericial ni los controles judiciales. La participación voluntaria de una persona, su experiencia declarada o la presencia de un perro durante una búsqueda no demuestran por sí solas que un hallazgo sea confiable.

La intervención de Innocence Project como amicus curiae en la apelación también mostró que las irregularidades atribuidas a Herrero podían afectar la valoración de pruebas y, en consecuencia, las decisiones adoptadas en un juicio. En términos prácticos, una evidencia cuestionada puede llevar a revisar condenas, absoluciones y líneas completas de investigación.

La información sobre la fecha del debate fue publicada por Clarín. Hasta que se realice el juicio, la responsabilidad penal de Herrero por su actuación en el caso Araceli Fulles permanece pendiente de decisión judicial.