Piden llevar a juicio a Nicolás Payarola por presuntas estafas millonarias

La Fiscalía de San Isidro pidió que el abogado Nicolás Agustín Payarola, detenido desde noviembre de 2025, sea llevado a juicio oral por una serie de presuntas estafas millonarias. Según la acusación, los hechos investigados habrían provocado un perjuicio aproximado de 1.824.000 dólares y afectado a particulares, profesionales y familias que le confiaron dinero, documentación o gestiones legales. Entre los casos mencionados aparecen la familia del futbolista Gonzalo Montiel y una abogada que intervino en asuntos vinculados con Wanda Nara.

El pedido fue presentado por Cosme Iribarren, fiscal general adjunto de San Isidro, ante la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, titular del Juzgado de Garantías N° 3 de ese departamento judicial. La acusación sostiene que Payarola habría participado en 13 hechos: siete en calidad de autor y otros seis como coautor. La calificación incluye estafas reiteradas, defraudación por retención indebida, abuso de firma en blanco y administración fraudulenta.

La elevación a juicio no equivale a una condena. Se trata de una instancia procesal en la que la Fiscalía considera que existen elementos suficientes para que un tribunal analice la responsabilidad penal del imputado durante un debate oral. La defensa todavía podrá ejercer las herramientas previstas por la legislación y cuestionar la prueba reunida durante la investigación.

juicio a Nicolás Payarola: El pedido de juicio contra Nicolás Payarola y los delitos investigados

En su dictamen, Iribarren describió una presunta modalidad basada en el vínculo profesional y personal con los denunciantes. De acuerdo con la acusación, el abogado habría obtenido dinero, bienes o facultades de gestión mediante promesas de negocios, representación jurídica, regularización de deudas y otros servicios que finalmente no se habrían concretado como fueron ofrecidos.

La Fiscalía también señaló que, frente a los reclamos, se habrían utilizado demoras, explicaciones cambiantes, compromisos de pago y documentos destinados a postergar la devolución de los fondos. Esa interpretación deberá ser evaluada en el juicio si la solicitud de elevación queda firme y el caso llega a la etapa de debate.

La investigación reúne situaciones de distinta naturaleza. Algunas estarían vinculadas con operaciones inmobiliarias o patrimoniales, mientras que otras se relacionarían con honorarios, representación legal y medidas cautelares. El punto común señalado por los investigadores es que las víctimas habrían entregado sumas relevantes a partir de una relación de confianza.

La denuncia vinculada con un campo en La Pampa

Uno de los primeros episodios investigados tuvo como denunciante a Sergio Occhiuzzo, propietario de Campos de la Virgen de Luján, una propiedad ubicada en La Pampa. Según la acusación, el vínculo comenzó con la supuesta representación del dueño para pesificar una deuda.

En ese contexto, Payarola habría recibido una camioneta Toyota Hilux con la promesa de abonarla una vez realizada una transferencia. De acuerdo con la denuncia, el pago no se concretó. El perjuicio atribuido a esa operación, sumado a embargos, inhibiciones y pedidos de quiebra, habría superado los 600.000 dólares y los 13 millones de pesos.

Para el Ministerio Público Fiscal, en este caso se habría producido un engaño previo que llevó a la víctima a realizar una disposición patrimonial perjudicial. La acusación considera que la confianza depositada en el profesional habría sido utilizada como parte central de la maniobra. La existencia, alcance y responsabilidad por cada hecho deberán ser establecidos por la Justicia.

Qué denuncia la familia de Gonzalo Montiel

La relación con la familia de Gonzalo Montiel habría comenzado en 2023, cuando el futbolista enfrentó una denuncia por abuso sexual y Payarola intervino como abogado. Luego, Juan Marcelo Montiel le habría planteado un proyecto familiar relacionado con el desarrollo de un emprendimiento inmobiliario en la zona de Ezeiza.

Según el expediente, la familia entregó inicialmente 200.000 dólares como seña de un campo y por la confección de una carta oferta destinada al propietario de las tierras. Más adelante, el abogado habría recomendado la compra de dólares mediante mecanismos financieros conocidos como dólar MEP, mientras avanzaba el supuesto proyecto inmobiliario.

La denuncia sostiene que se realizaron varias transferencias en moneda extranjera y que, en otra etapa, se entregaron 160.000 dólares en tres cuotas. El monto total aportado por la familia Montiel habría rondado los 700.000 dólares. Sin embargo, el emprendimiento no se habría concretado y, ante los reclamos, las respuestas habrían sido evasivas.

La acusación agrega que, con posterioridad, se habría entregado documentación con firmas presuntamente falsificadas y contenido presuntamente falso. Estos aspectos deberán ser comprobados mediante pericias y demás pruebas incorporadas al proceso. La mención del futbolista responde a la identidad de una de las familias denunciantes y no implica una imputación contra él.

El conflicto por la representación de Wanda Nara

Otro tramo del expediente involucra a las abogadas María Macarena Posse y Silvana De Leonardis. Según la denuncia, ambas fueron convocadas para trabajar en la representación de Wanda Nara, quien ya contaba con el asesoramiento de Payarola en su conflicto de divorcio con Mauro Icardi.

En enero de 2025, las profesionales habrían asumido tareas relacionadas con alimentos para las hijas del matrimonio y con distintas medidas cautelares. De acuerdo con lo informado en el expediente, las partes acordaron una cláusula de rescisión que contemplaba el pago de 600.000 dólares si Nara revocaba el patrocinio del estudio Posse De Leonardis & Asociados.

El 1° de abril aparecieron presentaciones judiciales mediante las cuales se habría dejado sin efecto el poder otorgado al estudio. Las abogadas intentaron comunicarse con Payarola y, ante la falta de respuestas, difundieron un comunicado público. La denuncia sostiene que el abogado retomó el contacto después de esa publicación, pero que los honorarios reclamados nunca fueron abonados.

El caso muestra una diferencia relevante entre una disputa contractual y una posible defraudación penal. El incumplimiento de un pago no constituye por sí solo una estafa: para que exista responsabilidad penal deben probarse elementos adicionales, como un engaño previo, una intención defraudatoria y una relación causal entre esa conducta y el perjuicio económico. Esa evaluación corresponde a los tribunales.

Las otras denunciantes y el alcance económico del expediente

La familia Montiel y las profesionales relacionadas con el caso de Wanda Nara no serían las únicas personas afectadas. El expediente también incluye a otras mujeres, entre ellas dos abogadas. Una de las denunciantes es María Ximena Braña, quien habría contratado a Payarola para gestionar medidas cautelares vinculadas con su exmarido y padre de sus hijas.

Según su presentación, la mujer le entregó 800.000 dólares para iniciar el trabajo. La acusación sostiene que los escritos anunciados no habrían sido presentados. Como ocurre con los demás episodios, la existencia del perjuicio y la responsabilidad del imputado deberán resolverse con la valoración de contratos, comprobantes de transferencias, comunicaciones, documentos y actuaciones judiciales.

La Fiscalía calculó que el conjunto de los hechos investigados representa aproximadamente 1.824.000 dólares. El monto es estimativo y reúne denuncias de distinta naturaleza, por lo que su determinación definitiva dependerá de la prueba y de las decisiones que adopte la Justicia durante el proceso.

Por qué la confianza profesional aparece como eje del caso

El dictamen fiscal presenta la confianza como un elemento común de las denuncias. En servicios jurídicos, contables, inmobiliarios o financieros, los clientes suelen entregar información sensible, fondos, poderes y documentos porque no cuentan con conocimientos especializados o necesitan que un tercero actúe en su nombre.

Ese vínculo no elimina la obligación de controlar las operaciones. La existencia de un título profesional tampoco garantiza por sí sola que una inversión, una compra de tierras o una gestión procesal sea segura. Solicitar contratos claros, identificar a los titulares de los bienes, verificar expedientes y conservar comprobantes puede ayudar a detectar inconsistencias antes de que el perjuicio se vuelva irreversible.

Qué falta para que la causa llegue al debate oral

La jueza Rodríguez Mentasty deberá revisar el cierre de la investigación y resolver los planteos que puedan formular las partes. Si la elevación queda confirmada, se sorteará el tribunal que tendrá a su cargo el debate oral. En esa instancia, la Fiscalía deberá sostener la acusación y demostrar cada hecho con pruebas producidas y discutidas públicamente.

El proceso también puede atravesar nuevas incidencias, como pedidos de nulidad, análisis periciales, incorporación de documentación o discusiones sobre la calificación legal. La prisión preventiva y la situación procesal del imputado son cuestiones diferentes de la culpabilidad: una persona puede permanecer detenida durante el trámite sin que eso anticipe el resultado del juicio.

La información original sobre el pedido fiscal fue publicada por Clarín. Los detalles de la causa pueden modificarse a medida que avancen las resoluciones judiciales y se conozcan las posiciones de la defensa y de los querellantes.

El caso Payarola obliga a extremar controles en operaciones legales e inmobiliarias

Para empresas, estudios profesionales y particulares, el expediente deja una advertencia concreta sobre la necesidad de separar la confianza personal de la verificación documental. Antes de transferir sumas importantes, conviene confirmar quién es el titular de una cuenta, qué contrato respalda la operación, cuál es el estado registral de un inmueble y qué actuación concreta fue realizada ante un organismo o tribunal.

En negocios inmobiliarios, además, una carta oferta o un reconocimiento de deuda no reemplazan la revisión independiente de títulos, poderes, firmas y antecedentes. En asuntos legales, el cliente puede solicitar copias de las presentaciones, constancias de recepción y datos de los expedientes. Estas medidas no determinan por sí solas que exista un delito, pero reducen la opacidad y permiten reaccionar antes ante incumplimientos o señales de riesgo.

La causa todavía no tiene una sentencia y las acusaciones deberán probarse. Mientras la Justicia define si el abogado será sometido a juicio oral, el caso pone en primer plano la importancia de documentar cada operación, controlar el destino del dinero y acudir a asesoramiento independiente cuando están en juego patrimonios familiares o empresariales.