Hospital Italiano deberá indemnizar a una paciente por abuso en la prequirúrgica

El Hospital Italiano deberá pagar una indemnización de $97 millones a una paciente de 72 años que denunció haber sufrido un abuso sexual en una sala prequirúrgica, antes de una operación de rodilla realizada en octubre de 2021. La Justicia Civil consideró que existió responsabilidad del centro asistencial por el hecho cometido por un anestesiólogo y estableció una reparación por los daños y perjuicios provocados.

La Justicia volvió a poner bajo análisis los mecanismos de control y prevención en instituciones sanitarias tras condenar al Hospital Italiano a indemnizar a una paciente que denunció un abuso sexual durante la preparación para una cirugía. El episodio ocurrió el 19 de octubre de 2021, cuando la mujer aguardaba en un box prequirúrgico antes de una intervención en la rodilla derecha.

La sentencia definitiva de primera instancia fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Civil N° 34 y estableció una reparación de $97 millones. El fallo se conoció luego de que la Justicia penal analizara la conducta del anestesiólogo involucrado y lo considerara responsable del delito de abuso sexual simple, según la información publicada por Clarín.

indemnización Hospital Italiano: Hospital Italiano deberá responder por un hecho ocurrido antes de la cirugía

La paciente ingresó al establecimiento para someterse a una operación programada de rodilla. Mientras se encontraba en una sala de preparación, el anestesiólogo se acercó para realizar las preguntas habituales vinculadas con sus datos y el procedimiento médico. De acuerdo con su testimonio, el profesional realizó comentarios sobre su cuerpo y luego habría avanzado con conductas de carácter sexual mientras ella se encontraba sedada.

La mujer declaró que intentó apartarse y pedir ayuda, pero que tuvo dificultades para hacerse entender porque no llevaba puesta su prótesis dental. También relató que llamó varias veces la atención del personal hasta que una enfermera ingresó al box. Para ese momento, el anestesiólogo ya no se encontraba allí.

La situación fue comunicada al cirujano y la operación finalmente no se realizó. La paciente se encontraba en estado de shock y, además, se produjeron inconvenientes en el quirófano que alteraron la programación de las intervenciones. Esa misma noche decidió formular la denuncia.

La responsabilidad institucional excede la conducta individual

El aspecto central del fallo civil no se limita a establecer qué hizo el profesional, sino que analiza la responsabilidad del hospital como organización. En una institución de salud, la atención de una persona internada o en proceso de preparación quirúrgica se desarrolla dentro de un sistema compuesto por médicos, enfermeros, autoridades, protocolos y controles.

Por ese motivo, los tribunales pueden evaluar si el establecimiento cumplió con sus deberes de vigilancia, selección, supervisión y respuesta frente a situaciones de riesgo. La indemnización no implica necesariamente que todos los integrantes del hospital hayan participado del abuso, sino que atribuye consecuencias civiles a la institución por el contexto en el que ocurrió el hecho y por las obligaciones que pesan sobre el prestador del servicio sanitario.

La resolución también adquiere relevancia porque, según los testimonios incorporados al expediente, compañeros enfermeros del anestesiólogo habrían advertido previamente a autoridades del centro médico sobre comportamientos considerados sospechosos con pacientes mujeres. Esos antecedentes forman parte de la evaluación judicial sobre el nivel de conocimiento que podía tener la institución y sobre las medidas que correspondía adoptar.

Qué declaró la paciente sobre el abuso sexual

La denunciante explicó ante la Justicia que se encontraba parcialmente sedada cuando el médico se aproximó. Según su relato, después de efectuarle preguntas de rutina hizo un comentario sobre su piel, le tocó las piernas y llevó una de sus manos hacia la zona genital. La mujer afirmó que el profesional la manoseó y que introdujo sus dedos en la vagina.

El testimonio también describió la dificultad para reaccionar en un contexto de vulnerabilidad física. La paciente estaba acostada, bajo los efectos de la medicación previa a una cirugía y sin contar con su prótesis dental. En esas condiciones, intentó moverse y pedir auxilio, pero sostuvo que nadie acudió durante los primeros llamados.

La declaración fue valorada junto con el resto de las pruebas del expediente. En este tipo de casos, los tribunales suelen considerar el contexto médico, el estado de sedación, la relación de autoridad entre profesional y paciente, los registros institucionales y los testimonios de quienes intervinieron después del episodio.

La causa penal tuvo cambios, pero la condena continúa vigente

En octubre de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 había condenado al anestesiólogo a ocho años de prisión y a una inhabilitación especial perpetua para ejercer la medicina. En aquella instancia, el tribunal lo había encontrado responsable de un abuso sexual agravado.

La defensa apeló y argumentó, entre otros puntos, que el médico no se encontraba en el lugar en el horario indicado y que la paciente podía haber confundido lo ocurrido debido a los efectos de la anestesia. El caso llegó a la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal, que modificó la calificación y redujo la pena a tres años y medio de prisión, manteniendo la inhabilitación perpetua para ejercer la medicina.

La sentencia penal todavía no se encuentra firme. Esto significa que el trámite judicial no terminó por completo y que pueden existir nuevas revisiones conforme a las vías previstas por la legislación. De todos modos, la resolución civil que fija la indemnización aborda la reparación de los daños sufridos por la paciente y la eventual responsabilidad del hospital en un expediente diferente.

La diferencia entre la condena penal y la reparación civil

La causa penal busca determinar si una persona cometió un delito y, en caso afirmativo, aplicar una sanción. El proceso civil, en cambio, procura establecer si hubo daños que deben ser reparados económicamente y quiénes deben afrontar esa compensación. Ambas vías pueden avanzar de manera relacionada, aunque tienen objetivos, estándares y consecuencias diferentes.

En este expediente, el anestesiólogo fue objeto de una condena penal que aún no está firme, mientras que el Hospital Italiano recibió una condena civil por $97 millones. El monto busca contemplar las consecuencias del hecho denunciado, que pueden incluir daño psicológico, afectación de la vida cotidiana, daño moral y otros rubros que los jueces analizan según las pruebas aportadas.

La cifra no debe interpretarse como una tarifa general aplicable a todos los casos de abuso en hospitales. Las indemnizaciones se determinan considerando la gravedad del episodio, la situación de la víctima, la prueba producida, las secuelas acreditadas, el vínculo con el prestador y las circunstancias particulares de cada expediente.

Otros dos posibles casos quedaron bajo investigación

La investigación judicial también incorporó referencias a otros dos posibles casos atribuidos al mismo profesional. Esas situaciones surgieron a partir de declaraciones de enfermeros que trabajaban con él y que mencionaron comportamientos que les habían resultado sospechosos en relación con pacientes mujeres.

La existencia de nuevas denuncias o testimonios no permite afirmar por sí sola que esos hechos hayan sido comprobados. Cada episodio deberá ser investigado de manera independiente, con derecho de defensa, producción de pruebas y una resolución judicial. Sin embargo, la apertura de esas líneas de investigación puede resultar relevante para determinar si existían antecedentes conocidos y si hubo respuestas institucionales adecuadas.

Para hospitales, clínicas y sanatorios, el caso muestra la importancia de contar con canales seguros para reportar conductas impropias, protocolos de actuación y mecanismos que permitan investigar rápidamente las alertas internas. También pone el foco en la necesidad de que los pacientes sepan a quién recurrir cuando se sienten amenazados o vulnerados durante una atención médica.

Qué controles deberían reforzarse en las áreas prequirúrgicas

Las salas prequirúrgicas concentran una situación especialmente delicada: el paciente puede estar con movilidad reducida, ansioso, sedado o bajo los efectos de medicación. Además, suele encontrarse en un espacio donde el personal sanitario tiene un grado elevado de autoridad y acceso físico. Esa combinación exige controles que protejan tanto la intimidad como la seguridad de quienes reciben atención.

Entre las medidas institucionales razonables se encuentran la identificación clara de los profesionales que intervienen, la supervisión en procedimientos sensibles, la documentación de la medicación administrada, la disponibilidad de personal de apoyo y la existencia de canales de denuncia accesibles. También es importante que las autoridades respondan ante advertencias internas y que las comunicaciones queden registradas.

La prevención no depende únicamente de colocar carteles o entregar información al paciente. Requiere capacitación permanente, reglas conocidas por todo el equipo, investigaciones internas imparciales y una política de tolerancia frente a conductas abusivas. En situaciones de sedación, el consentimiento para una práctica médica no puede confundirse con autorización para actos ajenos al tratamiento.

El fallo sobre el Hospital Italiano puede influir en la gestión de riesgos sanitarios

Desde la perspectiva de la gestión empresarial, la condena expone los riesgos legales, económicos y reputacionales que enfrentan las instituciones de salud cuando no logran prevenir o responder adecuadamente ante denuncias graves. La atención médica no se evalúa solamente por el resultado de una operación: también incluye el trato, la protección de la intimidad y la seguridad integral del paciente.

Los prestadores deberán observar con especial cuidado cómo seleccionan a sus profesionales, cómo controlan los antecedentes internos, qué hacen frente a reportes del personal y qué asistencia brindan a una persona que denuncia un abuso. Una reacción tardía o meramente defensiva puede aumentar el daño y complicar la posición de la institución en futuras causas.

El fallo también puede impulsar revisiones de los contratos, seguros de responsabilidad civil, protocolos de crisis y procedimientos de comunicación con familiares y pacientes. Para los usuarios, conocer estos mecanismos ayuda a tomar decisiones informadas y a conservar documentación relevante cuando ocurre una situación irregular, como constancias de atención, nombres de profesionales, horarios y comunicaciones realizadas.

La condena puede modificar la visibilidad pública de clínicas y hospitales

Las resoluciones judiciales vinculadas con instituciones médicas suelen tener efectos que exceden el expediente. Una condena por falta de controles puede influir en la confianza de pacientes, empresas que derivan afiliados, profesionales que buscan incorporarse y organismos que supervisan la actividad. La reputación de un hospital se construye durante años, pero puede verse afectada rápidamente cuando una denuncia grave recibe confirmación judicial.

En términos de presencia orgánica, las búsquedas relacionadas con el nombre de una institución y una causa pueden permanecer visibles durante mucho tiempo. Por eso, las clínicas y sanatorios necesitan comunicar con precisión, sin descalificar a las víctimas ni interferir en las investigaciones, y ofrecer información institucional verificable sobre sus protocolos de seguridad. La respuesta pública no reemplaza las medidas concretas, pero forma parte de la forma en que pacientes y familias evalúan el riesgo.

El caso del Hospital Italiano deja así una consecuencia práctica para todo el sector: la prevención de abusos, la recepción de alertas y la protección de pacientes deben integrarse a la gestión cotidiana, no tratarse como asuntos secundarios. Mientras continúen las investigaciones penales y se analicen los otros testimonios, la reparación civil ya establecida marca el costo institucional de no garantizar condiciones adecuadas de cuidado.

Para quienes atraviesan una atención médica y sienten que ocurrió una conducta abusiva, resulta importante pedir ayuda inmediata, informar al personal de confianza, solicitar asistencia legal y realizar la denuncia ante los organismos correspondientes. La sedación, la edad o la dificultad para comunicarse no eliminan el derecho de una persona a ser escuchada y protegida.