La crisis económica que experimenta nuestro país en la actualidad, sumado a la astronómica suba que el dólar ha tenido en las últimas semanas, ha afectado el precio de los alquileres de manera considerable en la ciudad de Rosario. Esto provoca que los propietarios de los inmuebles no quieran perder ante la devaluación del peso, y a través de las inmobiliarias se encuentran realizando una operación peligrosa: el aumento del canon locativo cada seis meses. Así lo afirma en Rosario la ONG Concejalía Popular, que afirma que las inmobiliarias se encuentran realizando aumentos ilegales en los contratos de alquiler. Nire Roldán, titular de dicha ONG afirma que: “Nos están llegando muchos contratos en los que se les está planteando a los inquilinos aumentos del 25% cada seis meses y, en algunos casos, hasta del 35%. El acuerdo desde principio de año con todas las Cámaras del país era que no iban a superar el 15% anual y, ahora, están aumentado casi el triple del valor que se había acordado”.
Desde Concejalía Popular afirman que no sólo están recibiendo denuncias de la ciudad de Rosario, sino también de Capital Federal, Córdoba, Pergamino y Totoras, y que estas dos últimas ciudades han sido severamente afectadas.
Según afirma Roldán, durante los primeros seis meses un alquiler promedio ronda los $6000.-, durante el segundo semestre $8000.- y el segundo año ya sube a $10.000.-
Se trata a todas luces de una indexación totalmente ilegal, que implica para muchas familias la erogación del 50% de su sueldo, encontrándose así rehenes de la especulación inmobiliaria. En este sentido, Roldán concluye que las inmobiliarias utilizan la herramienta de la indexación para hacer frente a la escalada inflacionaria, aunque ya numerosos fallos se han pronunciado en contra de la indexación. Se hace necesario contar con una ley de alquileres responsable que proteja a los locatarios, consagrando una protección integral de sus derechos.
Por otra parte, José Ellena, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Rosario (CADEIROS) afirma que “lo pautado y dialogado con las distintas firmas era intentar un aumento anual del 25% o menos, es decir, tratar de sostener los incrementos que se venían dando para que no se dispare el asunto”.
Ellena afirma que no ha recibido información en el sentido que afirma Concejalía Popular, y solicita a la ONG le acerque la información con la que cuenta a los efectos de poder tomar cartas en el asunto. Ellena sostiene que de ser cierto lo que Concejalía Popular asevera, estaríamos ante una locura.
Inquilinos y asociaciones protectoras de los derechos de locatarios se encuentran a la espera que sea sancionada una ley de alquileres. El proyecto de ley tuvo dictamen favorable en la Cámara de Senadores, pero al llegar a la Cámara de Diputados se estancó. La Comisión de Legislación General de esta Cámara había emitido un dictamen favorable a la ley de alquileres. Sin embargo, se han introducido modificaciones al proyecto original, con lo cual es probable que vuelva al Senado, de ser aprobado el proyecto en Diputados.
