Una causa sobre una quinta atribuida a un directivo de la AFA llegó a la Corte

La causa que investiga la propiedad de una quinta de Pilar atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque aún no se determinó qué juez debe intervenir. La denuncia por presunto lavado de dinero fue presentada el 1 de diciembre de 2025 y, según la información publicada por Clarín, 14 jueces ya participaron del expediente sin que exista una definición sobre el fondo.

La causa por la propiedad de una quinta de Pilar atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal deberá resolver una cuestión previa: qué juez tiene competencia para investigar la denuncia.

El expediente se inició a partir de una presentación realizada el 1 de diciembre de 2025 por Elisa Carrió, Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, dirigentes de la Coalición Cívica. La denuncia planteó sospechas de lavado de dinero y pidió determinar quién es el verdadero propietario del inmueble.

La llegada del caso a la Corte representa un avance procesal, pero no implica que el tribunal haya probado la existencia de un delito ni que haya establecido quién es el dueño de la propiedad. La discusión actual se limita a definir qué juzgado debe continuar con la investigación.

Qué debe resolver la Corte Suprema

La Corte deberá definir la competencia judicial, es decir, cuál es el fuero y el juzgado que deben tramitar el expediente. La cuestión permanece abierta casi un año después de la denuncia original.

De acuerdo con el material publicado por Clarín, en el expediente intervinieron dos jueces del fuero federal, tres del fuero Penal Económico y nueve camaristas. La participación de distintos magistrados no produjo todavía una decisión de fondo sobre la propiedad ni sobre las sospechas denunciadas.

Qué se investiga sobre la quinta de Pilar

La propiedad figura oficialmente a nombre de Real Central SRL, una sociedad vinculada a Luciano Pantano, exdirigente de futsal, y a su madre, Ana Conte. La denuncia sostiene que ambos podrían haber actuado como testaferros, aunque esa hipótesis deberá ser investigada y probada en el expediente.

Según la información de la fuente, el valor de la quinta fue estimado en 25 millones de dólares. El predio tiene cinco hectáreas e incluye canchas de fútbol y pádel, un haras con caballos árabes, un helipuerto, un gimnasio, varios cascos y un galpón.

Durante un allanamiento se encontraron objetos que la denuncia vincula con Toviggino, entre ellos un bolso y una placa. También se hallaron 54 automóviles de alta gama, incluidos vehículos de colección y deportivos. Algunas cédulas permitirían conducirlos a familiares del tesorero de la AFA, siempre según los datos difundidos en la publicación original.

Por qué el expediente acumula intervenciones judiciales

La demora no se explica, según el artículo de opinión que sirve como fuente, por una etapa de producción de pruebas sobre el fondo del caso, sino por la disputa acerca del juzgado que debe tramitarlo. La denuncia se presentó en diciembre de 2025 y todavía no existe una resolución que determine quién debe investigar.

El fiscal que pidió la intervención de la Corte mencionó el término “forum shopping” para describir la reiterada llegada de expedientes vinculados con la AFA al juzgado federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay. La expresión alude a la búsqueda de un tribunal considerado conveniente, pero su uso en este caso constituye una afirmación atribuida al fiscal y no una conclusión judicial firme.

También se señala que algunos magistrados que intervinieron tendrían vínculos con personas relacionadas con los hechos investigados. Esa afirmación requiere respaldo documental y una evaluación judicial; no puede presentarse como una incompatibilidad probada sin una resolución que la establezca.

Qué está probado y qué permanece bajo investigación

Hasta el punto informado por la fuente, están documentados la existencia de la denuncia, la fecha de su presentación, la intervención de distintos órganos judiciales y la remisión del conflicto de competencia a la Corte. También se conoce la titularidad registral atribuida a Real Central SRL y la descripción de los bienes observados durante el allanamiento.

En cambio, no surge de la información disponible una conclusión sobre el verdadero propietario de la quinta, el origen del dinero utilizado para adquirirla o la existencia de un delito de lavado. Tampoco se informa que Toviggino haya sido condenado ni que la Justicia haya confirmado que los titulares formales de la sociedad actuaron como testaferros.

Esta distinción es relevante porque una denuncia puede activar una investigación, pero no reemplaza la prueba necesaria para establecer responsabilidades penales. La decisión de la Corte sobre la competencia tampoco resolverá por sí sola esas cuestiones.

La demora judicial como problema institucional

El artículo de fuente presenta el expediente como un ejemplo de las dificultades que genera la demora en causas que involucran a personas con poder o exposición pública. Su argumento es que las discusiones procesales pueden desplazar durante meses la investigación de los hechos principales.

La comparación con otros casos, como la investigación por el atentado contra la AMIA y la causa Hotesur-Los Sauces, aparece en la publicación como una valoración sobre los tiempos de la Justicia. Esos antecedentes se mencionan para sostener una crítica institucional, pero no permiten establecer por sí solos que todos los expedientes tengan las mismas causas, pruebas o complejidades.

En el caso Hotesur-Los Sauces, la fuente recuerda que la denuncia fue presentada por Margarita Stolbizer en noviembre de 2014 y que el juicio fue anunciado para comenzar en la fecha indicada por el artículo. La comparación sirve para mostrar la extensión temporal de ciertos procesos, aunque se trata de investigaciones diferentes.

Qué revela la percepción pública sobre el Poder Judicial

El texto también cita una encuesta de la Universidad de San Andrés realizada durante octubre de 2026. Según el dato publicado, el 53% de las personas consultadas declaró estar “muy insatisfecho” con el desempeño del Poder Judicial y otro 21% dijo estar “algo insatisfecho”.

La medición ubica al Poder Judicial como el peor evaluado de los tres poderes mencionados en la Constitución. La encuesta describe una percepción social, no prueba que todos los expedientes tengan demoras injustificadas ni que exista una conducta irregular en la causa de la quinta de Pilar.

Qué puede cambiar después de la decisión

Si la Corte define qué juez debe intervenir, el expediente podrá avanzar hacia las medidas de investigación que correspondan. Entre ellas podrían encontrarse, según lo que disponga el juzgado competente, el análisis de documentación societaria, registros de propiedad, movimientos patrimoniales y vínculos con los bienes mencionados en la denuncia. La información disponible no permite afirmar cuáles de esas medidas fueron solicitadas o autorizadas.

Para los denunciantes y para las personas señaladas, la resolución será importante porque ordenará el trámite de la causa, pero no anticipará el resultado. La investigación deberá determinar si existen elementos suficientes para sostener las sospechas planteadas o si corresponde descartarlas.

La cuestión central, por ahora, sigue siendo procesal: casi un año después de la denuncia, la Justicia aún debe establecer quién tiene la responsabilidad de investigar. El avance hacia la Corte no reemplaza esa investigación ni convierte las acusaciones en hechos comprobados.