Continúan las disidencias y la polémica respecto a la nueva ley de alquileres que ya cuenta con dictamen favorable de la Cámara de Diputados de la Nación. El sector inmobiliario, representado por corredores inmobiliarios, propietarios, desarrolladores y cámaras inmobiliarias fueron los principales detractores de la nueva ley.
La semana pasada tuvo lugar una reunión en la Secretaría de Vivienda donde participaron los principales referentes del sector inmobiliario y representantes del gobierno nacional, entre los que se incluyen Iván Kerr, Secretario de Vivienda, Juan Maquieyra, titular del Instituto de la Vivienda Porteño, y el Diputado Nacional por Cambiemos Daniel Lipovetzky.
En dicha reunión, ambas partes consensuaron incorporar ciertas modificaciones al texto de la nueva ley de alquileres, aceptándose incorporar las mismas al debate parlamentario.
Por otra parte, otros reclamos del sector inmobiliario, como ser incluir la posibilidad del desalojo en caso de incumplimiento por parte del inquilino, no serían incluidos en el texto de la ley, por ser el procedimiento de desalojo competencia de los códigos procesales provinciales.
A continuación, los puntos que fueron consensuados para incorporar al debate:
- Que el propietario se reserve el derecho de exigir garantías reales de considerarlo conveniente. Cabe recordar que el texto del proyecto incluía los recibos de sueldo y los seguros de caución como opciones, y la obligatoriedad del propietario de aceptarlos.
- Que los corredores inmobiliarios puedan cobrar la comisión al inquilino si quien solicita los servicios de corretaje es el último.
- Eliminación de topes para las comisiones que las inmobiliarias cobren a los propietarios.
- La no obligatoriedad de la registración del contrato ante AFIP
Otros reclamos, como decíamos anteriormente, no tuvieron mucha recepción, y no serán incluidos en el debate. Uno de ellos es la modificación del plazo. Se consensuó mantenerlo en tres años, tal como el proyecto está redactado. El sector inmobiliario criticaba arduamente este punto, por considerar que conllevaba inseguridad jurídica para el propietario.
Otro de los puntos rechazados fue ajustar los cánones locativos a través del índice UVA, y se utilizará como referencia para el ajuste un promedio entre el índice de los salarios e IPC, tal como proponía el texto del proyecto de ley.
Por último, tal como decíamos anteriormente, el punto relativo a habilitar desalojos en caso de incumplimiento por parte del inquilino en el texto de la ley fue rechazado de plano, por no ser competencia del Congreso Nacional legislar en materia de desalojos, competencia exclusiva de las legislaturas provinciales.
De esta manera, desde la Secretaría de Vivienda se mostraron conformes, al haberse logrado consensuar un borrador que permita dotar de mayor seguridad jurídica al propietario del inmueble, como así también garantizar que las inmobiliarias puedan cobrar sus honorarios a los propietarios o a los inquilinos, según quién sea que haya solicitado los servicios.
