El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, anunció el pasado 26 de marzo del corriente que no se prorrogará el congelamiento de alquileres a partir del próximo 1 de abril.
Es por ello que, desde el Gobierno Nacional fue aprobado un “protocolo nacional de alerta temprana de desalojos de vivienda única y familiar en regímenes de alquileres formales”.
La resolución 88/2021 de la mencionada cartera, publicada en fecha 26/03/21 en el Boletín Oficial, establece que se convocará al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como también a demás organismos nacionales y provinciales, “con el fin de recabar información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo, en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto Nº 320/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones”.
Es que, luego de la sanción de la nueva ley de alquileres, entró en escena un nuevo actor en los que a procesos de desalojo se refiere: la mediación. En virtud de esto, desde el Gobierno Nacional consideran que es imprescindible “contar con bases de datos confiables y actualizadas que coadyuven al desarrollo de las intervenciones necesarias para contribuir a la solución de problemas habitacionales”.
La resolución 88/2021, asimismo, expresa que la autoridad de aplicación “establecerá los criterios de priorización, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros”.
Además, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, instruyó al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, para que en conjunto con los entes encargados de ejecutar proyectos de viviendas con aportes del Estado Nacional “destine un cupo de las mismas para ser transferidas en propiedad a grupos familiares que resulten locatarios de inmuebles destinados a vivienda única, familiar, habitual y permanente, que se encuentren en riesgo de ser desalojados”. Así, se busca dar soluciones habitacionales a aquellos hogares que pudieran presentar dificultades y requirieran asistencia pública ante la promulgación de la reciente resolución.
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