Luego de que trascendiera el informe difundido por FIRA, la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, en relación a que Rosario es una de las ciudades más caras del país para alquilar una propiedad, junto con la ciudad de Mendoza, surgieron las propuestas de algunos de los candidatos de cara a las próximas elecciones.
Es el caso del ex concejal de Rosario Alberto Cortes, que es nuevamente candidato para ocupar una banca en el concejo por el Frente Social y Popular. Cortes lanzó una propuesta tendiente a gravar impositivamente a aquellos propietarios de departamentos ociosos, es decir, sin ocupar.
La medida tiene como objetivo contar con una mayor oferta de propiedades en el mercado, y a su vez, con lo recaudado producto de los gravámenes crear un fondo solidario a los fines de costear las garantías para personas de bajos recursos.
La ciudad de Rosario se ha convertido en una urbe importante, y es un polo universitario modelo en la región, motivo por el cual recibe año tras año miles de estudiantes provenientes del interior, como así también de países limítrofes. Este gran flujo de personas que llega a la ciudad no encuentra alojamiento muchas veces, o se le hace extremadamente complicado conseguir las garantías que las inmobiliarias solicitan.
También hay que decir que el desplazamiento de las poblaciones rurales, sumado a las exorbitantes ganancias que el sector agropecuario consigue, trae aparejado el hecho que esa renta sea invertida en ladrillos, pero no para alquilar o para habitar dichos departamentos, sino que simplemente están vacios porque son “ahorro”, y para el mercado son ociosos, cuando deberían constituir parte de la oferta que el mercado necesita.
Así, Cortes afirma que en la ciudad de Rosario existen alrededor de 80.000 departamentos vacíos y existe una cifra casi equivalente de personas que no tienen techo o no pueden acceder a un alquiler.
Así la medida se torna interesante, al convertirse lo recaudado con motivo del gravamen a departamentos ociosos en un fondo solidario, con el cual se permitirá que personas de bajos recursos puedan costear las garantías que las inmobiliarias solicitan.
