Uno de los derechos fundamentales consagrados por nuestra constitución nacional es el derecho a una vivienda digna. Sin embargo el acceso a la vivienda sigue siendo un problema y una dificultad para los países subdesarrollados o en vías de desarrollo.

En Argentina, actualmente se estima que existe un déficit habitacional de entre 3 y 4 millones de viviendas.

Los créditos lanzados por el actual gobierno nacional son poco accesibles para las clases medias y bajas, ya que algunos conllevan cuotas de devolución del préstamo con tasas muy altas durante los primeros años, y los créditos indexables también presentan serias contradicciones. La devaluación experimentada el año pasado ha generado una profunda brecha entre el salario de los trabajadores y la cuota, dificultándose el pago de esta última para los sectores más necesitados de su vivienda.

Para poder entender mejor el mecanismo de los créditos hipotecarios lanzados por Mauricio Macri, debe explicarse que los actuales créditos, a diferencia de los tradicionales que se ajustaban a tasa fija, estos se ajustan mensualmente. El monto de los préstamos no se establece en pesos, sino en una unidad denominada UVA, que se actualiza de acuerdo a la inflación y el avance de los precios. Así, al comienzo se apreciarán cuotas bajas, comparables o parecidas a la cuota de un alquiler, pero luego crecerán a la par de la inflación.

Veamos un ejemplo para poder comprender la operatoria: supongamos que una familia tomó un crédito en marzo del 2016, por un millón de pesos a 20 años. Convino en pagar cuotas mensuales de 549,68 UVAS, lo cual equivalía a 7723. 04 pesos mensuales. Debido a la inflación que se produjo en el año 2016, hacia diciembre de dicho año dicha cuota ya ascendía a 9481,93 pesos, y en marzo de 2017 trepó a 10.158.03 pesos. Es decir, la cuota representaba el 25% del salario en marzo de 2016, y pasó a representar el 30,26% en diciembre de ese mismo año.

Un capítulo aparte merece el nuevo crédito Procrear relanzado por el actual gobierno nacional, que deja afuera a las clases medias y bajas argentinas, con requisitos muy exigentes difíciles de cumplimentar. Para citar un ejemplo, uno de los requisitos consiste en que el solicitante del crédito debe contar con un ingreso que sea equivalente a una suma de entre 2 y 4 Salarios mínimos vitales y móviles, con lo cual quedarán afuera aquellas familias que perciban menos de $16.120.- Asimismo, se restringió la edad máxima para el tomador del préstamo, y así pasó de 65 años a 55 años. Otros de los frenos o barreras para acceder al crédito lo constituye la restricción de algunos destinos del mismo, por ejemplo ahora no puede destinarse a la compra de un terreno, y asimismo se cambió la modalidad de adjudicación de los créditos: antes eran sorteados por Lotería Nacional. Ahora, el modo de adjudicación es meritocrático, a través del cumplimiento de ciertas exigencias por parte del solicitante y su grupo familiar.

Otra de las principales diferencias del Procrear anterior con el actual es que en el anterior las tasas eran fijas durante los primeros años, para pasar a ser variables luego, mientras que en el actual Procrear las cuotas se ajustan por el índice UVA desde el momento inicial.

Así, se evidencia en el actual escenario un corrimiento del Estado, dejando de lado la inclusión social y el reconocimiento de derechos esenciales por parte del Estado como lo es el derecho a la vivienda digna. Se pasó de un esquema de inclusión de los sectores con menos recursos, el cual primaba en el gobierno anterior, a uno en donde priman los intereses del sector privado, tal cual sucede en la gestión nacional actual.

Fuente: Dagostino Ferrari Inmobiliaria