El paciente, de 21 años, sufrió una fractura en un accidente y murió con infección generalizada en un sanatorio privado.

Del 4 al 7 de mayo próximos se desarrollará en Rosario el primer juicio juicio oral y público por mala praxis médica contra un profesional acusado de homicidio culposo por su obrar negligente en la atención de Maximiliano Iñiguez, un joven de 21 años que en abril de 2014 murió por una infección generalizada luego de sufrir una fractura en una pierna tras un accidente de tránsito. La Fiscalía pedirá tres años de prisión condicional e inhabilitación por cinco años, pero la querella impulsa cinco años condena y la inhabilitación de diez años para ejercer la profesión.

Al cumplirse siete años de la muerte de Maxi Iñiguez se confirma que del 4 al 7 de mayo se desarrollará en el Centro de Justicia Penal (CJP) el debate oral donde el traumatólogo Sebastián S. estará sentado en el banquillo acusado de mala praxis en la atención del paciente 21 años. Según el Ministerio Público de la Acusación (MPA) es el primer juicio oral y público en Santa Fe por mala praxis de un profesional de la medicina.

El joven había sufrido fractura de tibia en un accidente de tránsito ocurrido el 9 de febrero de 2014 en Villa Gobernador Gálvez. El diagnóstico era fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna izquierda. Luego de ser asistido en Hospital Provincial, al otro día fue derivado por su obra social de gastronómicos al sanatorio Los Alerces (ex Julio Corso) en San Juan al 3034.

Maxi trabajaba en la Cocina Centralizada, tenía novia, padres, cuatro hermanos y estudiaba. En el sanatorio pasó tres días hasta que el médico traumatólogo tratante, Sebastián S. S. programó para el 13 de febrero una cirugía para colocarle un tutor externo, cuyo objetivo era estabilizar la fractura.

El joven volvió a terapia intensiva con la herida suturada. A sus familiares se les informó que la intervención había sido satisfactoria. Pero los terapistas notaron que algo no andaba bien y se lo informaron al médico cirujano tratante. Según estudios y relevamientos posteriores, el paciente presentaba “tumefacción” (hinchazón). Como se le abrieron algunos puntos de la herida, a las tres de la madrugada del día siguiente fue sometido a una segunda intervención quirúrgica para ampliar la fasciotomia (limpiar la zona).

Ese 14 de febrero el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio. En medio de la angustia de la familia por el inesperado agravamiento del cuadro, al volver a la terapia, donde ingresó compensando pero con asistencia mecánica, se agravó el cuadro infeccioso.

Entonces los profesionales decidieron amputarle la pierna izquierda. De ese trance salió en coma, y con severos daños neurológicos. Después de esa última operación, el estado del paciente nunca se revirtió. Experimentó una leve mejoría, volvió a una sala común en marzo, pero se complicó y debieron nuevamente regresarlo al área de terapia.

Tras agonizar un mes, Maximiliano murió el 16 de abril de 2014 por otro paro cardíaco provocado por la sepsis (infección) generalizada. El desconsuelo por el repentino y fatal desenlace atravesó a toda la familia, que desde que se complicó el cuadro sospechó de un abordaje médico desacertado.

Tras la denuncia penal, el fiscal de la Unidad de Homicidios Culposos Walter Jurado comenzó la investigación judicial. Acopió la autopsia de la víctima, su historia clínica, relevamientos científicos, declaraciones de testigos, informes de juntas médicas, pericias, y gran cantidad de elementos que avalaron una potencial responsabilidad del médico denunciado.

Con esas evidencias en junio de 2017 finalmente imputó formalmente por posible mala praxis al médico Sebastián S. S. bajo la figura del homicidio culposo. Y en diciembre de 2018 formalizó la acusación al cirujano ante el juez Hernán Postma, quien aceptó el encuadre legal y elevó la causa a juicio.

En esa instancia, el fiscal solicitó tres años de prisión condicional y cinco de inhabilitación especial para ejercer la medicina. La querella, que representa el abogado Eduardo Hadad, requirió el máximo de seis años y 10 de suspensión de la matrícula.

A punto de cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento de Maximiliano, su familia hará una marcha al Centro de Justicia Penal (CJP) justo cuando además se confirmó la fecha del juicio oral y público (debía realizarse en octubre de 2020) entre el 4 y 7 de mayo. El Tribunal del debate, que comenzará a las 8.30 de martes 4 de mayo, estará integrado por los jueces Rafael Coria, Pablo Pinto y Nicolás Foppiani.

Entre los testigos que van a declarar en juicio figuran Elías y Julieta, dos hermanos de Maxi. Pero además lo harán cerca de 30 personas, la mayoría profesionales de la salud, profesores de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y médicos forenses.

María Alejandra Giménez, la mamá de Maxi, que nunca dejó de luchar y reclamar Justicia con sus otros hijos, amigos y familiares en múltiples marchas a Tribunales y también a la puerta del sanatorio, le dijo a este diario cuando se confirmó la acusación: “Se peleó y se luchó mucho para que él pudiera descansar en paz, que el asesino cumpla una pena y no mate más a nadie”.

Ahora todo se revive. Este viernes, a siete años del fallecimiento de Maxi, la familia convoca a una concentración en la puerta del CJP (Mitre y Virasoro) a las 18.30 para recordarlo y exigir justicia. María Alejandra expresó el sentimiento que la atraviesa en estos momentos en una carta de puño y letra que compartió con La Capital.

En algunos párrafos vuelca sus sensaciones de todo el proceso hasta llegar a este momento. “El 16 de abril se cumple siete años de Maximiliano Iñiguez, y queremos pedir justicia. Fueron siete años de lucha, y fue muy difícil hace oír nuestra voz…cómo familia sabíamos lo que había pasado, pero no fue fácil, gracias a la gente que apoyó nuestra lucha, familia, amigos.

“Hoy llegamos al juicio y no somos sólo nosotros los que confirmamos que la muerte de Maximiliano fue negligencia médica, hay estudios médicos de especialistas que llegaron a la conclusión de que su muerte se debió a que no hicieron lo correcto en el momento indicado, en medicina legal y en la facultad de Medicina, y ahora esperamos que los jueces confirmen lo dicho por los especialistas”.

Y luego de recordar que su hijo entró a un sanatorio con una simple fractura y murió “totalmente engangrenado hasta las orejas”, reclamó que “se condene e inhabilite el título del cirujano responsable de la muerte de Maximiliano”. Y cierra: ¡Justicia por Maxi Iñiguez!