El proyecto de la nueva ley de alquileres presentado por el gobierno nacional, y que la semana pasada ya ingresó en la Cámara de Diputados, ha cosechado adeptos y detractores. Entre estos últimos se encuentran el sector inmobiliario y los propietarios, quienes se muestran reticentes a aceptar ciertos puntos de la ley.
De esta manera, el gobierno nacional negocia cambios al proyecto de ley, reformas éstas solicitadas por empresarios, martilleros, corredores inmobiliarios y cámaras inmobiliarias. En la reunión celebrada se hicieron presentes referentes del sector inmobiliario y el Diputado Nacional por Cambiemos, Daniel Lipovetzky, autor del proyecto de ley ingresado al Congreso Nacional.
Uno de los principales reclamos de los empresarios inmobiliarios, es habilitar expresamente en el articulado de la nueva ley los desalojos en caso de incumplimiento del locatario. Nos encontramos aquí ante un obstáculo que tiene que ver con cuestiones procedimentales, ya que lo que corresponde al juicio de desalojo es competencia de las legislaturas provinciales, y por consiguiente, normado en los Códigos Procesales Civiles y Comerciales de cada provincia. Por ende, el Congreso Nacional carece de competencia alguna para legislar sobre dicha materia. El sector inmobiliario en dicha reunión hizo saber a los referentes del gobierno nacional su disconformidad con varios puntos del proyecto de ley, y la posibilidad de avanzar sobre amparos en la justicia en caso que el proyecto ingresado en diputados se convierta en ley tal como está redactado.
Uno de los puntos más controvertidos para los propietarios tiene que ver con el índice de actualización semestral, que según el proyecto de ley se realizaría a través de un índice de referencia conformado por el índice de precios de INDEC y el salario promedio de los trabajadores. Según afirman los empresarios inmobiliarios y los propietarios, sería más adecuado realizar la actualización semestral a través del índice UVA, ya que se publica todos los días y no necesita la creación de un indicador especial.
Otro de los artículos del proyecto que opuso resistencias tiene que ver con el tema de las garantías. El proyecto propone una flexibilización de las garantías, y establece que el propietario deberá aceptar alguna de las siguientes opciones: garantía real, aval bancario, seguros de caución, garantía personal con certificado de ingresos o garantía de fianza. Los referentes de las inmobiliarias solicitan que la aceptación de dichas garantías no sea de carácter obligatorio para los propietarios, sino que surja como consecuencia del consenso entre ambas partes, esto es, locador y locatario.
Al ser consultado el diputado Lipovetzky sobre la posibilidad de incluir a los desalojos en el articulado de la ley, éste fue enfático: “No tenemos la competencia como comisión de Legislación General de reglamentarlo. Los juicios de desalojo corresponden a la justicia de cada provincia”.
Otros puntos álgidos de discusión se relacionaron también con el plazo de las locaciones, que el proyecto establece en tres años, cuando el actual plazo es de dos años para locaciones con destino a vivienda. Si bien el sector inmobiliario no está de acuerdo con la ampliación a tres años del plazo de las locaciones, estarían de acuerdo en aceptarlo si se desestima la obligatoriedad de inscribir los contratos en AFIP, a los fines de obtener beneficios fiscales. Por último, un punto que también estuvo en debate es el vinculado a las comisiones, que según el proyecto de ley pone en cabeza de los propietarios el pago de las mismas a las inmobiliarias. Los corredores inmobiliarios proponen que este punto se modifique, habilitando a las inmobiliarias que éstas puedan cobrar sus honorarios por los servicios prestados tanto a los propietarios, como a los inquilinos, según quién solicite los servicios de corretaje inmobiliario.
