Detuvieron en Florencio Varela a un prófugo buscado desde 2009

Un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 11 años y de dejarla embarazada fue detenido en Florencio Varela después de permanecer prófugo durante 14 años. Alberto Martín Del Valle, de 56 años, fue localizado durante un operativo realizado por efectivos del Grupo de Apoyo Departamental de Quilmes, en el marco de una causa iniciada en Bahía Blanca en 2009.

La detención de Alberto Martín Del Valle puso nuevamente en movimiento una investigación que llevaba más de una década sin el acusado a disposición de la Justicia. El hombre estaba señalado por el abuso sexual de su hijastra, quien tenía 11 años cuando se inició la denuncia, y por hechos que derivaron en un embarazo. La captura se concretó en Florencio Varela, en el sur del conurbano bonaerense, luego de una serie de tareas de inteligencia.

Según la información difundida por fuentes policiales y judiciales, Del Valle fue encontrado durante un allanamiento realizado en un complejo de departamentos. Los agentes lo interceptaron cuando salía del lugar y, al ser consultado por su identidad, habría brindado un nombre falso. Esa circunstancia forma parte de la hipótesis que los investigadores sostuvieron durante años: el acusado habría intentado reconstruir su vida utilizando diferentes nombres y desplazándose entre distintas localidades.

La noticia original fue publicada por Clarín, a partir de información policial, judicial y testimonios vinculados con la causa.

detención del prófugo en Florencio Varela: Una denuncia iniciada en Bahía Blanca derivó en una búsqueda nacional

El expediente comenzó en 2009, cuando se radicó una denuncia en Bahía Blanca contra Del Valle por el abuso sexual de la niña. De acuerdo con lo informado durante la investigación, la menor tuvo un bebé como consecuencia de la agresión. Las pericias genéticas incorporadas a la causa confirmaron posteriormente que el detenido era el padre biológico.

El caso también incluye el traslado de la niña a la ciudad de Buenos Aires con el supuesto objetivo de realizarle un aborto. Esa intervención no llegó a concretarse, según los datos difundidos sobre el expediente. Por tratarse de un hecho que involucra a una víctima menor de edad, distintos aspectos de la investigación permanecen bajo reserva y deben ser analizados dentro del proceso judicial, con protección de la identidad y de la intimidad de la víctima.

Tras la denuncia, la Fiscalía N° 12 de Bahía Blanca impulsó las medidas necesarias para esclarecer los hechos y quedó vigente una orden de captura contra Del Valle. Durante los años siguientes, la búsqueda se extendió a diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y se apoyó en tareas de seguimiento, relevamiento de posibles domicilios y análisis de información aportada por allegados e investigadores.

La captura del acusado en un complejo de departamentos

El operativo que terminó con la detención fue llevado adelante por integrantes del Grupo de Apoyo Departamental de Quilmes. Las tareas de inteligencia permitieron concentrar la búsqueda en Florencio Varela, una zona que había comenzado a aparecer con mayor frecuencia en las averiguaciones recientes.

La intervención se concretó este domingo, 23 de agosto, en un complejo de departamentos. El procedimiento incluyó un allanamiento y la identificación del sospechoso cuando se retiraba del lugar. La respuesta con una identidad falsa habría sido uno de los elementos que permitieron vincularlo con la persona buscada.

La información disponible no precisa cuánto tiempo llevaba instalado en ese domicilio ni si residía solo. Tampoco fueron difundidos detalles sobre la situación de otras personas que pudieran encontrarse en el inmueble. Esos aspectos deberán ser establecidos por la Justicia a medida que avance la investigación y se incorporen nuevas actuaciones al expediente.

Los nombres utilizados durante los años de fuga

De acuerdo con lo consignado por el medio bahiense La Brújula, los investigadores trabajaron durante años con la posibilidad de que Del Valle hubiera utilizado distintas identidades para evitar ser localizado. Entre los nombres que aparecieron durante la búsqueda figuraban Martín Morales y Martín Lescano. También se mencionaron los apodos “Java” y “Jabalí”.

La utilización de nombres alternativos puede dificultar la verificación de domicilios, antecedentes y vínculos laborales, especialmente cuando una persona cambia de localidad y limita sus contactos con quienes conocían su historia previa. En este caso, la pesquisa debió contemplar distintas líneas, entre ellas una que conducía hacia Mar de Ajó y otra relacionada con la zona de Bosques, en el partido de Florencio Varela.

La insistencia de la familia y la recompensa oficial

La familia de la víctima mantuvo activa la búsqueda durante todos estos años. Yamila Segovia, hermana de la víctima y querellante en la causa, explicó que se habían realizado varios operativos sin resultados positivos y que la investigación debió sostenerse a partir de nuevas pistas. La persistencia del entorno familiar volvió a poner el nombre del acusado en circulación y contribuyó a mantener vigente el reclamo por su localización.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires había establecido una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aportaran información útil sobre el paradero del prófugo. Ese mecanismo se utiliza en investigaciones en las que la ubicación de una persona buscada resulta especialmente compleja, aunque la entrega del dinero depende de la evaluación oficial de la información recibida y de su utilidad concreta para lograr la captura.

El entorno de la víctima también creó un perfil en redes sociales para difundir la búsqueda y reunir datos. La publicación de fotografías, nombres alternativos y posibles zonas de residencia buscó ampliar el alcance del pedido, aunque este tipo de acciones debe realizarse con extremo cuidado cuando hay menores involucrados y una causa penal en curso.

Qué ocurre ahora con la causa por abuso sexual

Con la detención, Del Valle deberá quedar a disposición de la Fiscalía y del juzgado que intervienen en el expediente. La causa está a cargo de la fiscal Leila Scabarda y del Juzgado de Garantías N° 1, conducido por la jueza Claudia Olivera, según la información difundida después del operativo.

En las próximas etapas pueden producirse la identificación formal del detenido, la audiencia correspondiente y la evaluación de las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía. También deberán revisarse las pruebas reunidas desde 2009, los informes periciales, los antecedentes de la investigación y cualquier elemento obtenido durante el allanamiento.

La detención no equivale a una condena. El acusado conserva las garantías propias del proceso penal y será la Justicia la que determine su responsabilidad a partir de las pruebas incorporadas al expediente. Al mismo tiempo, la demora de 14 años no elimina la gravedad de la denuncia ni impide que la investigación avance con la víctima bajo las medidas de protección que correspondan.

La protección de la víctima vuelve a ser una prioridad

Los casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes requieren un tratamiento periodístico responsable. La difusión de datos que permitan identificar a la víctima, su domicilio, su escuela o sus vínculos puede generar nuevos daños y afectar su privacidad. Por ese motivo, la información pública debe concentrarse en el avance judicial y evitar detalles innecesarios sobre su vida personal.

También es importante distinguir entre las expresiones de la familia, los datos aportados por fuentes policiales y las decisiones que adopte el tribunal. Las declaraciones de allegados ayudan a comprender la persistencia del reclamo, pero no reemplazan las constancias formales de la causa. La investigación deberá establecer qué hechos pueden probarse y cuál es la responsabilidad penal que corresponde.

En Argentina, las personas que atraviesan situaciones de violencia sexual pueden comunicarse con la Línea 137 para recibir orientación y asistencia, o recurrir a los servicios locales de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Ante una emergencia inmediata, corresponde llamar al 911. La intervención temprana y el acompañamiento especializado son fundamentales para evitar que la víctima quede aislada.

La detención del prófugo modifica la información pública del caso

La captura de Del Valle cambia el escenario de una causa que durante años estuvo asociada a una búsqueda abierta. Para los investigadores, significa que el acusado podrá ser ubicado, identificado y sometido a las instancias judiciales que permanecían pendientes. Para la familia, representa un avance concreto después de una espera prolongada, aunque el proceso recién ingresa en una nueva etapa.

La resolución del expediente dependerá de la prueba disponible y de las decisiones de la fiscalía y del juzgado. La audiencia, las eventuales medidas de prisión preventiva y el análisis de los informes periciales serán algunos de los próximos pasos relevantes. Mientras tanto, la prioridad debe ser preservar la integridad de la víctima, evitar su exposición y permitir que el caso avance por los canales institucionales correspondientes.

Después de 14 años, la localización del acusado permite retomar una causa que permanecía abierta y coloca nuevamente la investigación bajo control judicial. El desafío inmediato será esclarecer los hechos con rigor, garantizar las condiciones de protección para la víctima y asegurar que cada decisión se adopte con base en pruebas verificables.